MADRID.- Los afectados por el caos aéreo provocado por el abandono masivo de controladores los pasados 3 y 4 de diciembre de 2010 reclaman a AENA un total de 100 millones de euros por daños morales, según ha anunciado el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
El bufete pide 10.000 euros por cada uno de los afectados “debido a los daños morales causados por la frustración de no haber realizado sus vacaciones y por la situación de alerta que se creó en España durante esos días”. A estas cantidades se suman los daños materiales, cifrados entre 500 euros y 1.000 euros por cada individuo, dependiendo de los casos particulares.
Esta es una reclamación patrimonial que se realiza a AENA, un camino administrativo previo a la vía judicial en el caso de que la empresa pública no atienda la demanda de los damnificados. Si esto sucede (el bufete piensa que AENA responderá con el silencio, que en estos casos es desestimatorio), el bufete y los perjudicados se verán obligados a reclamar estas cantidades en la jurisdicción contencioso-administrativa, previsiblemente ante la Audiencia Nacional por la cantidad reclamada.
Según datos del despacho de abogados, se han recibido unas 10.000 reclamaciones, aunque Luis Vericat, uno de los abogados que lleva el caso, “se espera que en los próximos meses se sumen a la reclamación colectiva muchos más afectados”, lo que hace previsible que las cantidades exigidas a AENA superen los 100 millones. Los perjudicados tienen de plazo final hasta el 3 de diciembre para presentar sus reclamaciones. Desde esta fecha, AENA deberá dar una respuesta en un plazo no superior a seis meses. Si se produce el silencio es cuando habrá que recurrir a los tribunales.
Esta exigencia patrimonial es independiente al proceso penal que el mismo bufete sigue contra los controladores aéreos, a los que también se les reclama una responsabilidad civil por el abandono de sus puestos de trabajo y el posterior caos aéreo creado. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce la indemnización por daños morales en el caso de cancelaciones o grandes retrasos de vuelos.