Los controladores de A Coruña no cometieron delitos durante el cierre del espacio aéreo en 2010

MADRID.- Las diferentes causas abiertas contra los controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010 y la supuesta huelga de estos profesionales que lo porovocó se van sustanciando en los tribunales, a veces con sentencias contradictorias. El 16 de abril de 2013, el juez José Antonio Vázquez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela (A Coruña) y el mismo que investiga la muerte de la niña china Asunta Basterra, emitió un auto en el que archivaba las diligencias previas que tenía iniciadas para investigar la denuncia contra los controladores de Santiago.

En el auto de abril, el juez manifestaba que los controladores que abandonaron el servicio en los centros de control de Santiago de Compostela lo hicieron de forma legal al haber superado el número de horas máximas de trabajo en ese año. Además, el magistrado entiende que, de los documentos aportados a la investigación, AENA era consciente de este hecho y solicitó a varias instancias mecanismos para saltarse esta normal legal. Ni la abogacía del Estado ni la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dieron el visto bueno y la única opción que les quedaba a los controladores era la de comunicar su ausencia por cumplir con el máximo de horas, tal y como marca la Ley.

En su resolución, el magistrado explica que “los documentos anteriormente reseñados y muchos otros que constan en la causa, permiten afirmar de forma rotunda, que todos los imputados habían superado claramente su jornada anual aeronáutica en el momento en el que dejan de acudir a su puesto de trabajo; y del mismo modo se puede advertir, que habían anunciado tal incidencia, en algunos casos con meses de antelación, y desde luego de forma fehaciente, antes de dejar de acudir a las convocatorias”. Además, el juez explica que el cierre del espacio aéreo “ninguna relación tiene con el hecho de que los imputados investigados en las presentes diligencias no acudiesen a su puesto de trabajo, por haber superado su jornada laboral aeronáutica”.

Esta resolución fue recurrida y el 7 de enero, el juez Vázquez ha emitido un nuevo auto en el que resuleve el recurso. El magistrado desautoriza la versión de que los controladores tenían un plan preconcebido para dejar sus puestos de trabajo y provocar el cierre del espacio aéreo. “La abundantísima documentación que consta en este procedimiento, deja claro que los controladores sólo tenían pactado una postura, exigir a la empresa que cumpliera sus propias normas de seguridad en relación con el número máximo de horas de servicio”, explica el juez.

Además, el juez abunda en esta custión y manifiesta que “lo que sí queda excluido, es que ni los controladores habían pactado abandonar masivamente los puestos de trabajo, ni tenían un plan para cerrar el espacio aéreo”. Para justificar esta conclusión, Vázquez afirma que “ello se acredita por el hecho de que los controladores de forma individualizada, personal y aislada, en función de las circunstancias que únicamente concurrían en cada uno de ellos, habían remitido, con meses o semanas por lo menos de antelación, comunicación a la empresa [se refiere a AENA] para indicarles que en su caso concurrían tal o cual circunstancia y que con margen de tiempo suficiente ponían el hecho en conocimiento de AENA para que se adoptaran las medidas al efecto”. Y Vázquez añade que “alguna de dichas comunicaciones se había remitido a principios de año”.

La nueva resolución del juez también deja al descubierto las maniobras de AENA para completar los cuadrantes de controladores llamados al servicio: “en cuanto a la falta de previsión de la empresa; sólo a modo de anécdota; se ha acreditado de la prueba practicada y sin sombra alguna de duda, que se incluyen sin rubor alguno en los cuadrantes diarios, a enfermos, ausentes, controladores con permiso, licencia, y en el caso de Santiago se llegó a incluir supuestamente a un fallecido”.

Y en cuanto al cierre del espacio aéreo, el juez explica que el mismo “no se cerró por falta de controladores, sino por una decisión de AENA, que impone el rate 0, pese a que cuenta con varios aeropuertos en pleno funcionamiento y otros que podían prestar al menos servicios mínimos”. Esta no será la última vez que los juzgados se pronuncien sobre este tema, porque la resolución del juez Vázuez ha sido recurrida en apelación y la Audiencia Provincial de La Coruña será la que tenga la última palabra sobre si la investigación debe continuar o se debe cerrar definitivamente, aunque con los argumentos del juez es difícil que el recurso prospere.

Sentencias contradictorias

Desde que ocurrieron los hechos, en diciembre de 2010, diferentes tribunales se han venido pronunciando sobre los mismos. En la jurisdicción penal, la más comprometedora para los controladores, no se ha sustanciado ningún procedimiento y los que había abiertos se han ido cerrando a su favor. Sólo continúan instruyéndose las diligencias en Madrid, más de tres años después y sin ninguna resolución sobre el particular.

En lo que respecta a la jurisdicción administrativa, donde los afectados reclamaban a AENA su responsabilidad patrimonial por los hechos, los juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional han dado la razón a los perjudicados en algunos casos y en otros se la han quitado. Como consecuencia, ha sido la sala especializada de la Audiencia la que ha decidido que AENA no tiene responsabilidad en los hechos. Es decir, que pasajeros y empresas afectadas no pueden reclamar a la empresa pública una indemnización por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010.

La conclusión es que el fin del proceso se acerca con un claro perdedor: pasajeros afectados y empresas. Ningún tribunal les ha otorgado amparo, bien porque interpretan que no existió ningún tipo de delito, como se desprende de las investigaciones llevadas a cabo. O bien porque mantienen que la administración, que es quien tomó la decisión de cierre del espacio aéreo y el estado de alarma sobre las torres y centros de control (la primera vez en democracia), no tiene responsabilidad. Sin duda, los controladores también quedaron dañados en su imagen tras una lucha para mantener sus condiciones laborales y una campaña del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) para mostrarlos como privilegiados. Se puede considerar que el ganador definitivo fue el Gobierno, ya que modificó el convenio colectivo de los controladores, algo que ratificó la justicia, sus condiciones de trabajo y la forma en que se desarrolla la profesión. Y es que el coste que estos profesionales suponían para AENA es una de las claves de la anunciada privatización de la empresa pública.