MADRID.- Los controladores vuelven al juzgado. Tras el parón vacacional del mes de agosto, los controladores investigados por la huelga que mantuvieron los días 3 y 4 de diciembre de 2010 declaran esta semana en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid. Los profesionales que desfilarán ante el juez están imputados por el presunto abandono de sus puestos de trabajo en los centros de control de Torrejón de Ardoz y Barajas (en Madrid).
La juez María del Sagrario Herrero reanuda así la ronda declaraciones que se inició el pasado mes de julio y que se prolongarán durante los días 13, 15, 19, 20 y 26 de septiembre. La juez imputa a un total de 16 controladores aéreos por presuntos delitos de sedición, coacciones, abandono del puesto de trabajo y secuestro de pasajeros. Estos delitos se imputan de forma inicial, ya que en el transcurso de la instrucción y la investigación, la juez puede desechar alguno de ellos e incluso la juez podría decidir no elevar el sumario a la fase de juicio si no aprecia la comisión de ningún delito. En Málaga, por ejemplo, ya se ha sobreseído un procedimiento contra los controladores aéreos.
Los controladores que comparecieron el pasado mes de julio explicaron a la juez que abandonaron sus puestos de trabajo a causa del estrés laboral que les produjo la aprobación por el Gobierno de los diferentes decretos que modificaron sus condiciones laborales. Estos profesionales negaron que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto. Por su lado, Camilo Cela, presidente del sindicato USCA, declaró que “el único responsable” del caos aéreo fue la empresa pública AENA por los cambios impuestos al colectivo.
La demanda contra los controladores fue presentada por el despacho Cremades y Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 8.000 afectados. Los letrados reclaman una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero. Los afectados que todavía no se hayan adherido a la demanda pueden hacerlo hasta el próximo 3 de diciembre. En la demanda se exigen responsabilidades a los controladores por los daños provocados por el caos aéreos, que afectó a cerca de 600.000 pasajeros durante el pasado puente de la Constitución. Asimismo, junto a la acusación particular en el proceso penal, los abogados de los afectados presentarán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros.