MADRID.- El Congreso ha dado luz verde a la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que, entre otras cosas, excluye de su ámbito de aplicación “la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial”. Es decir, que no se aplicará a los apartamentos turísticos o casas rurales, por ejemplo, ya que cada comunidad autónoma regulará su alquiler.
Las asociaciones de propietarios han apuntado a los hoteleros para señalar un culpable de esta modificación, que piensan les perjudica. Desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) se manifiesta que “el sector de hoteles y apartamentos turísticos viene demandando desde hace años la necesidad de regulación de este tipo de alquiler privado, pero nunca pidiendo su desaparición o creando condiciones que imposibiliten esta práctica”. La patronal también asegura en un comunicado que “no es favorable a la creación de una legislación autonómica de clasificación de alojamientos de alquiler, pero sí a que exista un registro y que los ingresos de estas viviendas dejen de estar en la economía sumergida y se añada seguridad jurídica a los usuarios”.
Transparencia y seguridad
En un comunicado, la patronal hotelera ha especificado los motivos por los que ha solicitado durante años una regulación del alquiler turístico. Así, esta medida se justificaría para dotar de veracidad y transparencia a este mercado, ya que muchos turistas se encuentran con alojamientos que no cumplen las expectativas que esperaban al ver el anuncio. Otro motivo es la seguridad jurídica, ya que al ser una actividad no regulada, el turista no puede reclamar ante la admnistración por posibles incumplimientos, quedándole la vía judicial, que es lenta y costosa.
A estos argumentos se suma el de la seguridad ciudadana. Los datos de toda persona que se aloje en un hotel son comunicados a la Policía con los fines de perseguir a delincuentes y personas en busca y captura, algo que no se puede realizar en el caso de un alquier no regulado. A ello se suma la lucha contra la economía sumergida, ya que los alojamientos sin licencia ni registro oficial no pagan impuestos (IVA, entre otros). Desde CEHAT sostienen que “las transacciones entre particulares por medio de Internet deberían tener el mismo tratamiento fiscal, tanto en IVA como en el resto de impuestos y tasas”.
Impuestos
Otro punto que destacan desde CEHAT es el hecho de que muchas viviendas de alquiler pertenecen a extranjeros que las alquilan a otros turistas extranjeros a través de webs que no se radican en España, por lo que el dinero no pasa por nuestro país y no repercute en el mismo (aunque el gasto que realice el turista sí que tiene incidencia en España). Por último, la patronal recuerda que el sector del alojamiento regulado debe cumplir con múltiples normativas (sanidad, seguridad contra incendios, de edificios o piscinas, entre otras) y “lo ideal sería que la cobertura de seguridad a los usuarios de viviendas particulares fuera al menos revisada”. El cumplimiento de estas normativas provoca costes a los hoteleros que después repercuten en el cliente, incrementando sus precios.
Hace pocas semanas, un tribunal administrativo de la ciudad de Nueva York declaró que los alquileres ofertados en la ciudad a través del portal Airbnb eran ilegales. CEHAT los ejemplifica: “al igual que un ciudadano no puede usar su vehículo particular como si fuera un taxi, tampoco puede un ciudadano particular ofertar servicios de alojamiento turístico sin las garantías suficientes”.
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