Los ministros de Transporte de varios estados miembros de la Unión Europea (UE) van a dar un paso sin precedentes para limitar los derechos de los pasajeros aéreos. En una carta piden que se deje sin efecto la obligación que tienen las aerolíneas de devolver el dinero a sus clientes por los vuelos cancelados. Los ministros fundamentan su petición en la situación crítica que ha generado la epidemia de coronavirus Covid-19 en las aerolíneas, impidiendo el viaje de millones de clientes y, consiguientemente, reduciendo su facturación al mínimo. El reembolso de los billetes cancelados está reduciendo el dinero disponible de estas empresas para hacer frente a sus pagos, abocando a muchas de ellas al cierre.
Las aerolíneas tienen obligación de devolver a sus pasajeros el importe de los billetes que no hayan podido volar por la cancelación del vuelo. Es una imposición que viene reflejada en el Reglamento 261/2004 y de la que se han quejado en muchas ocasiones las compañías, pues consideran que deben desembolsar cantidades de dinero sin ser responsables directos de las cancelaciones o retrasos que dan lugar a las mismas. Sin embargo, estas obligaciones y otras recogidas por el Reglamento han permitido construir un sistema de derechos del pasajero en la UE en los últimos dieciséis años para proteger a la parte más débil en todo viaje: el consumidor.
Los firmantes de la carta son los ministros de Transporte de Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, España, Francia, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia y Portugal. En la misiva, que han mandado a la Comisión Europea, los ministros piden que se modifique el Reglamento con urgencia para “permitir a las aerolíneas la elección del medio de reembolso a los pasajeros”. Esto abre la vía a que las aerolíneas opten por no devolver el dinero de los pasajes y sustituyan esta obligación por la emisión de bonos para poder volar en el futuro, cuando el mercado aéreo vuelva a reactivarse. Los ministros creen que la emisión de bonos temporales es aceptable para los consumidores si se garantizan determinados principios: información transparente para el pasajero, no discriminación, una duración común para los bonos de diferentes aerolíneas, máxima flexibilidad y el derecho a obtener la devolución del importe si el bono caduca o no se usa. Asimismo, los responsables de transportes se abren a la posibilidad de estudiar medidas para proteger a los pasajeros con estos bonos frente a las posibles quiebras de las aerolíneas que los han emitido.
Desde que se produjeron las primeras cancelaciones por la pandemia de Covid-19, las autoridades de transporte de la UE y de EEUU han coincidido en que las aerolíneas deben devolver a los clientes los importes de los billetes no volados. A pesar de ello, son varias las voces en el negocio de los viajes que indican que las compañías aéreas no han realizado estos reintegros. En España, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) se ha quejado de que las aerolíneas no devuelven el dinero de los billetes cancelados. Entre las agencias de viajes este es un problema fundamental, puesto que las agencias, en caso de viajes combinados, son responsables de reintegrar a los clientes la totalidad de los importes abonados, aunque los proveedores de los servicios (hoteles, aerolíneas, guías) no le hayan devuelto ese dinero a la agencia.
IATA, el lobby de compañías aéreas de todo el mundo, ha realizado en las últimas semanas una campaña de relaciones públicas y de presión para que los diferentes gobiernos aprueben normas que eviten a las aerolíneas devolver el dinero de estos billetes. Según IATA, las compañías aéreas tendrían que reintegrar hasta 35.000 millones de dólares por estos vuelos cancelados. La asociación ha explicado que el sector aéreo necesita un plan de rescate de 200.000 millones de dólares para evitar quiebras, puesto que la mayoría de compañías aéreas no están volando, ni ingresando dinero, pero sí están haciendo frente a costes fijos que drenan el dinero del que disponen en sus cuentas bancarias.
Diversos países de la UE se han lanzado a rescatar a determinadas aerolíneas, a pesar de que las ayudas de Estado están muy limitadas por la UE. Alemania lo hará con Lufthansa y Condor; España, con Iberia; o Francia con Air France-KLM. Y ello a pesar de que el mercado aéreo de la UE se supone que está liberalizado. IATA prevé que la pérdida de ingresos para las aerolíneas europeas sea de 89.000 millones de dólares y pone en riesgo 6,7 millones de empleos relacionados con el sector aéreo en toda la UE (25 millones en todo el mundo). La ONG Transport and Environment, enfocada en exigir la disminución de emisiones contaminantes en el sector aéreo, calcula que los rescates de aerolíneas pueden ascender a 26.000 millones de euros y exige que los mismos estén condicionados a que estas empresas reduzcan sus emisiones de CO2.
Desde 2013, las aerolíneas vienen ejerciendo presión a la Comisión Europea y el Parlamento para que se cambie el Reglamento. Las compañías, a través de sus poderosos lobbys, pretenden aumentar las horas de retraso necesarias para que los clientes obtengan compensaciones económicas. En 2013, el Parlamento europeo presentó un dictamen sobre la modificación del reglamento favorable al cliente. Por su lado, en 2015, durante una reunión de ministros de Transporte de la UE quedó clara la división que existía en Europa sobre las medidas que pedían las aerolíneas. Entonces, países como España abogaban por mantener los derechos de los pasajeros para recibir compensaciones tal y como están en el Reglamento 261/2004. Por su lado, Reino Unido (hoy fuera de la UE) e Irlanda eran partidarios de aumentar el tiempo necesario de retraso para conseguir estas compensaciones a partir de las cinco horas (actualmente son 3 horas). Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ha sido siempre proclive a los derechos de los pasajeros. Parece probable que, con la excusa de la crisis por el coronavirus, las aerolíneas consigan parte de sus demandas por la vía de la urgencia y en detrimento de los derechos de los pasajeros.
