MADRID.- Decisión casi sin precedentes en un concurso de acreedores de una aerolínea. El titular del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona ha aprobado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Spanair que afecta a 2.600 trabajadores. Esto supondrá la extinción de los contratos de trabajo y el inmediato cobro de la prestación por desempleo de los trabajadores. La decisión, que se produce un mes antes del calendario que se había fijado el juez, ha sido posible gracias al acuerdo al que han llegado la plantilla y la administración concursal de Spanair. También ha influido el informe favorable de la autoridad laboral.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que el auto emitido por el juez el 27 de febrero extingue 2.597 contratos. Hasta ahora los trabajadores no podían cobrar el paro y lo que tenían es un permiso retribuido. Los empleados también podrán reclamar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) las indemnizaciones por despido, ya que Spanair no puede afrontar este pago al no disponer de activos.
Las indemnizaciones acordadas suponen el pago de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, y en cuanto a las nóminas de enero y febrero, la administración concursal se ha comprometido a abonar un importe igual al doble del salario mínimo interprofesional para enero, y el importe completo de la nómina de febrero o un importe lineal similar al ya abonado en enero si la compañía dispone de efectivo suficiente y la tesorería lo permite.
Los trabajadores de Spanair también han acordado con la Generalitat la creación de una comisión de recolocaciones, que tendrá un año de vida y agilizará a través del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) todos los trámites de los Servicios Públicos de Empleo. El SOC también canalizará todas las ofertas de trabajo, junto con los organismos homólogos en otras comunidades autónomas, para informar a los empleados de nuevas oportunidades de empleo.
El pasado 10 de febrero se resolvieron los contratos de leasing de los 31 aviones que formaban la flota de Spanair y que estaban suscritos por varias sociedades norteamericanas, inglesas y japonesas. Los acuerdos alcanzados con estas sociedades han evitado la generación de pagos por penalización al no usar las aeronaves y en concepto de estancia de los aviones en los aeropuertos españoles, cifrados en 400.000 dólares diarios, y ha permitido recuperar los depósitos de garantía con los que formalizaron los contratos, por dos millones de euros.
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