La entrada en vigor de la Ley de Transparencia ha permitido conocer las interioridades económicas de Paradores, la empresa pública, dependiente del Gobierno español, que gestiona más de 90 alojamientos en edificios históricos de toda España. En su memoria del ejercicio económico 2013, la cadena de hoteles reconocía un fondo de maniobra negativo por importe de 52,82 millones de euros. Es decir, una falta de recursos que a cualquier otra empresa la llevaría al concurso de acreedores y a una liquidación o, en el mejor de los casos, una venta a otro competidor del mercado. Pero no a Paradores, que reconoce que “cuenta con el apoyo del accionista único”, es decir, el Gobierno. Este “accionista único” tan poderoso ha realizado ampliaciones de capital en 2013 y 2014 con dinero procedente de los impuestos de todos los españoles, estrategia que ha permitido a Paradores afrontar sus gastos y seguir en funcionamiento. Así, en 2013 el Gobierno inyectó 40 millones de euros a través de dos ampliaciones de capital y, a principios de 2014, el Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy hizo otra ampliación de capital por valor de 30 millones de euros. En total, 70 millones para alimentar Paradores e intentar sacar a la empresa de números rojos, una mejoría que tampoco verá en 2014, con una previsión de 8 millones de pérdidas, y que se volverá a resistir en 2015, cuando los Presupuestos Generales del Estado esperan que la cadena pierda 6,8 millones. Aunque esta cifra podría mejorar si la actividad y el movimiento de turistas españoles repunta el próximo año.
Desde 2009, Paradores ha venido registrando pérdidas, que acumuladas hasta el año pasado ascendían a 119,71 millones de euros. En 2013, el resultado negativo ha sido de 19,75 millones de euros, menor que las pérdidas de 42,47 millones de 2012, gracias a los recortes realizados en los gastos de la empresa pública, ya que el negocio volvió a ser nefasto en 2013. Entre estos recortes se encuentra un Expediente de Regulación de Empleo con el despido de 350 trabajadores, la flexibilización de las condiciones de trabajo del resto y el cierre en determinadas temporadas de los Paradores con menor ocupación, medidas similares a las aplicadas por otras empresas del sector privado. La alternativa del cierre de Paradores habría dejado en la calle a más de 3.600 personas.
Y es que Paradores ingresó 191,17 millones de euros en 2013 por la venta de habitaciones y comidas, un 7,8% menos que un año antes. En concreto, la comercialización de camas supuso unos ingresos de 92,51 millones de euros en 2013 (un 6,37% menos que en 2012) y la de comidas implicó unos ingresos de 91,50 millones (-9,7%). Cadenas hoteleras privadas con un número de camas similares obtienen resultados más saneados y abultados.
Uno de los lastres de Paradores es su deuda, que asciende a 61 millones de euros de un préstamo sindicado con diferentes entidades de crédito, entre las que figuran el BBVA, Ibercaja, Banco Sabadell, La Caixa (hoy CaixaBanc) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este préstamo es consecuencia de la refinanciación de créditos anteriores que la empresa mantenía con estos bancos y que a finales de 2012 se le hizo imposible devolver. Para logras esta refinanciación, el Gobierno tuvo que realizar la ampliación de capital. Hasta 2022, la empresa pública tendrá que hacer frente a pagos de este préstamo y será en los ejercicios 2019, 2020 y 2021 cuando mayores amortizaciones realice, con pagos anuales superiores a los 10 millones de euros entre la devolución del capital y los intereses.
Por su lado, la remuneración del Consejo de Administración de Paradores, es decir, de los responsables que deciden en último término la estrategia de la cadena hotelera, compuesto en su mayor parte por funcionarios y politicos, está por debajo de la media del sector. El montante total ascendió a 814.190 euros y Ángeles Alarcó, la presidenta de la cadena, cobra 173.183 euros anuales por el desempeño de su trabajo.
Paradores adolece de diferentes problemas que hacen muy difícil su negocio. El primero de ellos es la exceiva dependencia de la cadena del cliente español, que supone el 64% de sus ingresos. España sigue sumida en una crisis económica que hace muy difícil a sus ciudadanos realizar gastos en alojamiento. Los Paradores tienen una calificación de entre cuatro y cinco estrellas y el precio medio de su habitación ronda los 94 euros, según la memoria de las cuentas anuales. En los últimos años de crisis, las cadenas hoteleras han tenido que ajustar sus precios, bajando los mismos por debajo de los 90 euros, sobre todo en las ciudades. Otro punto negativo de Paradores es la poca cantidad de reservas que llega a los mismos a través de Internet, un canal que, si se sabe usar bien, puede aumentar los ingresos de la cadena de forma considerable.
En el último año, Paradores ha flexibilizado su política comercial, con ofertas puntuales y descuentos en determinadas fechas del año. También se ha centrado en el producto de bodas, que puede suponer una buena fuente de ingresos en el futuro, sobre todo en el terreno de la restauración. Y ahora, la cadena ha lanzado una estrategia de franquicias para ampliar su número de establecimientos sumando aquellos alojamientos que cumplan unas condiciones, a los que aportará su marca, estrategia y conocimiento, a cambio de un canon anual que puede engrosar sus ingresos. Un modelo aún incipiente, pero que permitirá a la cadena, si tiene éxito, internacionalizar la marca con aperturas en el exterior de España.
En teoría, Paradores de Turismo es una empresa pública que explota comercialmente un bien de todos los españoles, como son edificios históricos: el Hostal de San Marcos en León, el monasterio de Guadalupe, en Cáceres, etcétera. Más allá de obtener una rentabilidad económica y de poner en valor el patrimonio hitórico y cultural, una de las principales misiones de Paradores debería ser la de hacer accesible a todos los españoles el disfrute de los mismos, lo que también redundaría en la buena marcha del negocio. Algo difícil con precios medios superiores a los 90 euros.