Llega la época estival y llegan las tradicionales huelgas en aerolíneas y trenes. En la estepa del verano son las típicas noticias de las que nos solemos nutrir los medios y sin ellas las vacaciones parecerían menos vacaciones. Sin embargo, muchas de estas convocatorias de paro son increíblemente absurdas. Es el caso de la que van a llevar a cabo los trabajadores de Renfe entre los días 12 y 15 de julio. El motivo: la disgregación del negocio de carga de la operadora que hace poco propuso el presidente del Gobierno.
Para empezar, desde aquí queremos dejar bien claro que defendemos el derecho a la huelga (aunque, en casos como este, sea por un sinsentido). Lo que no vamos a defender nunca es que se utilice a los viajeros como rehenes y que a través de los mismos se pretenda ejercer presión sobre el Gobierno y sobre la dirección de Renfe. Siempre pagan los mismos. Y decimos esto en un doble sentido: pagan (pagamos) el billete para desplazarse y pagan (pagamos) las consecuencias de la huelga. Ya está bien. En España hace falta una Ley de Huelga renovada que regule los paros en los servicios públicos: las condiciones que se deben dar para los mismos, los servicios mínimos, las sanciones por incumplimiento y los cauces de defensa de los usuarios ante los abusos.
Los trabajadores de las aerolíneas, los ferrocarriles, el metro, los autobuses… Todos prestan un servicio público. Cuando ingresan en estos trabajos deben saber a lo que se atienen. Y deben saber que no todo vale. Porque, a lo mejor ha llegado el momento de que todos los usuarios nos pongamos en huelga un mes entero y no utilicemos los servicios ferroviarios. Si esto pasase, nos gustaría saber de dónde va a salir el dinero para pagar los salarios de estos empleados. Ya está bien.
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