Antonio Vázquez, presidente de Iberia y de IAG | Foto: Iberia
MADRID.- La fusión entre Iberia y British Airways, de la que nació el grupo International Airlines Group (IAG), podría ser revisada por los tribunales españoles. La Asociación de Afectados por el Desmantelamiento de Iberia,una entidad creada e integrada por extrabajadores de la firma aérea, ha presentado en los Juzgados de Instrucción de Madrid una querella criminal contra los principales responsables del Consejo de Administración de IAG, British Airways e Iberia.
En la querella, que, entre otros, se dirige contra Antonio Vázquez, presidente de IAG e Iberia, Rafael Sánchez-Lozano, anterior consejero delegado de Iberia, Willie Walsh, consejero delegado de IAG, Rodrigo Rato o Fernando Conte, entre el resto de consejeros que integraron Iberia en el momento de la fusión, se les imputan presuntos delitos societarios y contra los derechos de los trabajadores.
La Asociación encargó un informe pericial sobre la evolución de Iberia en el grupo tras la fusión y este documento ha servido de base para la preparación de la querella. En el informe se concluye que Iberia está siendo sometida a un ajuste de personal partiendo de la base de que el mismo es más caro que el de British Airways cuando la realidad no es esa. Otra de las conclusiones es que si, en el momento de la fusión, se hubiese considerado el fondo de pensiones de British Airways (con un déficit acumulado de 2.116 millones de euros a diciembre de 2012), el valor patrimonial de la aerolínea británica hubiese sido negativo. Por ello, el informe destaca que para compensar esta situación, IAG estaría deteriorando el valor Iberia con el fin de favorecer a British Airways.
Según la Asociación, las pensiones de British Airways no están bien valoradas ni contabilizadas y al ser negativo el valor de la aerolínea británica, “la operación lógica era que Iberia absorbiese British Airways”. Por eso desde la Asociación piensan que hay argumentos para intentar impugnar en los tribunales españoles el acuerdo de fusión. Además, la entidad denuncia que “no se están cumpliendo las salvaguardas de forma clara y la situación a partir de 2016 será de total sumisión de las sociedades españolas sin que tengan la menor capacidad para proyectar su futuro”.
Quizá la asociación querellante no esté muy lejos de la verdad, ya que IAG tiene previsto reformular la información comparativa del ejercicio 2012 en las cuentas consolidadas de 2013 para incluir un déficit acumulado de 2.077 millones de euros, derivado del plan de pensiones de la aerolínea británica, según figura en la memoria anual del grupo correspondiente al ejercicio del año pasado.
La querella también se dirige contra pesos pesados del empresariado nacional, como el presidente de Telefónica, César Alierta. La misma está dirigida por el bufete Moreno-Luque Abogados y el informe pericial ha sido elaborado por LF Castañeda, empresa de asesoramiento financiero, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ahora es el turno de los Juzgados de Instrucción de Madrid. Una vez que la querella ha sido registrada será enviada al juzgado que corresponda por turno, que deberá valorar si cumple los requisitos formales para admitirla. Si el juzgado al que le caiga en suerte este procedimiento decide inadmitir la querella (algo bastante improbable) deberá fundamentarlo en un auto. Una vez se admita la querella a tramite se podrán iniciar las diligencias de investigación, así como las declaraciones de los demandados. El juez también deberá decidir contra quién se puede dirigir la querella y es probable que algunos de los denunciados no comparezcan en sede judicial.
