MADRID.- Hace tres dias que Spanair ha cesado sus operaciones y ha presentado el concurso de acreedores del que dependerá la liquidación de la compañía o su continuidad tras una compra o reestructuración. La compañía aérea ha notificado al Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona que su pasivo (derechos que los acreedores pueden pedir) asciende a 300 millones de euros. La mitad de este importe correspondería a los créditos que la Generalitat catalana y sus empresas públicas han ido insuflando a lo largo de los años. Si esto último ocurre, Spanair tendrá que desarrollar su actividad sin la ayuda financiera de la Generalitat catalana, algo que había sostenido hasta ahora a la firma aérea.
El cierre de la aerolínea se produjo el pasado viernes 27 de enero, cuando a las 18.30 horas Spanair dejaba de vender billetes en su web. Media hora antes la compañía había comunicado al Ministerio de Fomento su decisión de dejar de operar. El cese ha dejado en tierra a más de 22.000 clientes de forma inmediata, sin contar los que tenían billetes para semanas o meses posteriores. Los afectados deben reclamar ante la aerolínea, ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y ante las agencias de viajes, si en ellas han comprado sus billetes. La aerolínea ha emitido un comunicado en el que explica estas opciones.
Actuación de Spanair
El cúmulo de hechos que ha llevado al cierre de Spanair se resume en su incapacidad para financiarse. Más del 60% del capital de la compañía pertenecía a organismos públicos catalanes o a empresas públicas catalanas. Es decir, la Generalitat, de forma indirecta, era el principal accionista de la aerolínea. Todo con el objetivo de convertir a Spanair en la firma de bandera de Cataluña. De esta manera, la Generalitat catalana ha insuflado fondos a Spanair a través de créditos y otras ayudas para mantener a la compañía a flote. A pesar de saber que esta modalidad está prohibida por la Comisión Europea, quien ha abierto una investigación para determinar si Spanair deberá devolver estas ayudas públicas.
La restricción presupuestaria que vivimos llevó a la Generalitat a buscar un inversor privado para Spanair. El candidato fue la aerolínea Qatar Airways, que al final declinó su entrada al saber que la CE podría obligarla a devolver las ayudas que se concedieron a Spanair. En vista de que el dinero público se acababa, la Generalitat y Spanair decidieron cerrar.
Además de los pasajeros, cerca de 2.000 trabajadores se quedan en la cuerda floja por la decisión de cierre. La aerolínea ha ingresado a sus empleados 1.000 euros como pago de la nómina de enero y se espera ingresar el resto a lo largo de los próximos días. Ahora, los trabajadores siguen contratados por Spanair y, hasta que el juez que se haga cargo del concurso no lo decida, no podrán cobrar su prestación de paro. La aerolínea también está negociando con IATA, la patronal de aerolíneas, la devolución del precio de los billetes a los clientes afectados (se calcula que podrían ser más de 500.000 viajeros).
El diario La Vanguardia ha dado algunas cifras, estimando que Spanair acumula unos 350 millones de euros de deuda: 149 millones a Scandinavian Airlines, su antiguo propietario; 50 millones a entidades bancarias por un crédito, sindicado en su mayoría por La Caixa; 10 millones a la Fira de Barcelona; y 80 millones a los proveedores, además de los nueve millones con los que el Ministerio de Fomento puede sancionarle.
Sanción del Ministerio de Fomento
El Gobierno podría sancionar a Spanair con hasta 9 millones de euros por dos infracciones muy graves de seguridad aérea. La posible sanción llegará si se concluye que hay motivos para ello tras la apertura del correspondiente expediente sancionador, según Ana Pastor, ministra de Fomento.
Las infracciones, contempladas en la Ley de Seguridad Aérea, se corresponden con las obligaciones de continuar con los servicios de vuelos unido a que los “daños” causados sean superiores a 15.000 euros y las obligaciones de respetar los derechos de los pasajeros. Estas sanciones se dirigirán contra la compañía aérea y sus gestores y administradores. Spanair tenía previsto operar 267 vuelos este lunes.
Agosto de otras aerolíneas
Uno de los puntos que más han “indignado” a los pasajeros afectados es el que se refiere a las tarifas de rescate que han proporcionado aerolíneas como Iberia, Vueling o Air Europa. Estas compañías se han hecho cargo de los vuelos que no se han podido operar recolocando a los clientes afectados en sus propias rutas, siempre que hubiese sitio. Para ello, el pasajero debía abonar entre 50 y 100 euros aadicionales al precio que ya había pagado con anterioridad a Spanair.
Muchos clientes están molestos con las opciones que ha dado la aerolínea para solucionar sus viajes.
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