El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha impedido el acceso a los proyectos que diversas empresas y conglomerados turísticos presentaron al Gobierno de España para optar a los fondos Next Generation de la Unión Europea.
En una resolución notificada el 30 de agosto, el CTBG, que es un organismo independiente del Gobierno, sostiene que revelar esta información afectaría a los intereses económicos y comerciales de las empresas proponentes y su publicación tiene “escaso valor” para fiscalizar la actuación de los poderes públicos.
La decisión del CTBG, que acoge los argumentos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, carece de la mínima motivación y ha incumplido trámites esenciales del procedimiento administrativo, según diversos juristas consultados por este medio.
La resolución, que se puede recurrir ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, imposibilita conocer los detalles concretos de proyectos turísticos que en total suman más de 8.000 millones de euros.
Las características comunes de todas estas iniciativas eran mejorar la sostenibilidad de los destinos y facilitar la digitalización de las empresas. En estos momentos, grandes consultoras están asesorando a estas empresas para optar a los fondos que vienen de Europa. Sin embargo, las empresas pequeñas y medianas lo tienen muy difícil para conseguir pequeñas ayudas económicas que, en muchos casos, aún no les han llegado.
Aunque el Gobierno no tenía por qué aceptar estos proyectos, sí le han servido para elaborar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del que se distribuye el dinero europeo. En un primer momento, al sector turístico se han destinado más de 3.000 millones con los que financiar diferentes iniciativas.
Los proyectos presentados por las principales empresas del sector turístico español eran Manifestaciones de Interés, una figura muy usada en la Unión Europea y cuyo fin es “que las inversiones y ayudas del Plan se adecúen a las necesidades del tejido empresarial y de los ciudadanos. Se persigue que el diseño de políticas y programas públicos parta de información precisa y directa proporcionada por las empresas y los actores sociales”, según la web del Plan de Resiliencia.
Turismo niega el acceso a la información
En febrero, Revista80dias solicitó acceso a los proyectos presentados por diversas empresas del sector turístico para optar a los Fondos Next Generation. Este dinero es el que ha destinado la Comisión Europea a cada estado miembro para revitalizar la economía tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
En concreto, este medio solicitó tener acceso a los proyectos completos de
- 70 empresas turísticas representadas por FI Group;
- el proyecto presentado por el consorcio Green and Human, coliderado por Jumbo Tours Group y AMResorts;
- el proyecto presentado por Meliá Hotels International, Grupo Iberostar, Riu Hotels and Resorts y Barceló Hotel Group;
- el proyecto presentado por Meliá Hotels para acelerar la transformación de la gestión hotelera (y de toda su cadena de valor) hacia un modelo más sostenible y responsable;
- el proyecto presentado por Be Live Hotels y Zerteza de Inversiones;
- y proyecto presentado por Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).
Ante esta solicitud de acceso a la información, amparada en la Ley de Transparencia, Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, denegó la petición. Para ello, Valdés alegó que la información solicitada no se refería a ningún procedimiento administrativo y que la misma tenía carácter auxiliar. Además, el secretario de Estado indicaba que dar acceso a esta información “vulneraría ciertos derechos que suponen un límite al ejercicio del derecho de acceso a la información, como el derecho al ‘El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial’ y ‘Los intereses económicos y comerciales’, de las empresas y agrupaciones empresariales que han presentado proyectos como meras propuestas”.
Reclamación ante el Consejo de Transparencia
Ante esta negativa, Revista80dias presentó una reclamación ante el CTBG para que decidiese si la información se debía hacer pública o no. El pasado 30 de agosto, el Consejo notificó a este medio la resolución en la que acoge los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado para negar el acceso a la información.
Sin embargo, en el procedimiento instruido ante el CTBG se han producido dos irregularidades. La primera de ellas se refiere a que, ante la reclamación de este medio, el Consejo pidió información y alegaciones a la Secretaría de Estado de Turismo. Valdés contestó con un prolijo escrito en el que detallaba por qué no se debía dar acceso a los documentos solicitados. En resumen, el secretario de Estado justificaba que hacer públicos esos documentos dañaría los intereses comerciales de las empresas y agrupaciones empresariales al revelarse estrategias de negocio.
Esta valoración del secretario de Estado es lo que se llama “test del daño” y se trata de una evaluación que las administraciones públicas deben realizar ante determinadas peticiones de acceso a la información para establecer si su publicación puede causar perjuicios.
El secretario de Estado de Turismo debió realizar este test en la primera solicitud, lo que habría permitido a Revista80dias alegar lo que considerase oportuno ante el CTBG. Al hacerlo en la segunda reclamación, el Consejo tenía la obligación legal de conceder a este medio un plazo de alegaciones, cosa que no ha ocurrido.
La segunda irregularidad de la resolución del Consejo tiene que ver con su motivación. La ley obliga a las administraciones públicas a justificar, aunque sea brevemente, todas sus resoluciones. Sin embargo, el Consejo ha reproducido casi la totalidad del escrito de alegaciones de Valdés y se ha limitado a asumirlo, sin realizar valoraciones jurídicas ni motivar por qué lo cree acertado.
En la resolución, el CTBG indica que no comparte todas las valoraciones del secretario de Estado de Turismo, pero sí coincide en que “la comunicación de la información solicitada causaría de modo directo un perjuicio real y efectivo a los intereses económicos y comerciales de las entidades afectadas por cuanto revelaría a sus competidores datos valiosos que pueden utilizar en su beneficio y en detrimento de la posición de los autores de los proyectos”. Sin embargo, el Consejo no explica cómo llega a esta conclusión, pues la Secretaría de Estado de Turismo no específica en su escrito qué información concreta tienen los proyectos presentados.
El Consejo también dice que estos proyectos no han sido objeto de ninguna decisión administrativa “ni de su recepción se derivan consecuencias de gasto público”. Sin embargo, el Gobierno los ha usado para planificar a qué áreas destinar los 3.000 millones de euros de fondos europeos dirigidos al turismo, por lo que sí han influido en la planificación de gasto público, aunque sea de forma indirecta para tomar una decisión de política económica.
El Consejo concluye que la petición de este medio tiene “escaso valor para la fiscalización de la actuación de los poderes públicos”. Se presentaron proyectos por valor de 8.000 millones y han servido para planificar el gasto de más de 3.000 millones. Pero saber cuáles fueron las propuestas concretas tiene “escaso valor” para el garante de la transparencia pública en España.
