MADRID.- Se cumple un año de la quiebra de Spanair con un saldo bastante negativo: 300.000 pasajeros afectados y 2.597 trabajadores en paro. Desde entonces no ha habido ninguna consecuencia de tipo jurídico para los anteriores administradores, encabezados por Ferrán Soriano, presidente de la aerolínea. Y mucho menos consecuencias de tipo político dentro de la propia Generalitat, que financió a la compañía aérea con unos 135,5 millones de euros. El Gobierno catalán tenía la idea de usar a Sapanir para crear un hub internacional en el aeropueto de Barcelona-El Prat, pero no se dió cuenta de que el sector aéreo camina por otro lado.
Los millones inyectados por la Generalitat llegaron a Spanair a través de organismos públicos, como el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), un remedo del Instituto de Crédito Oficial nacional, o a través de empresas creadas al efecto y en el que se agrupaban varios accionistas. Antes del cese de operaciones de Spanair y de su entrada en concurso de acreedores, la Generalitat intentó vender la compañía a firmas como Qatar Airways, Emirates o Turkish Airways.
Según recoge Europa Press, tan sólo se han producido una cincuentena de recolocaciones de trabajadores en Qatar Airways, Emirates, otras compañías del Golfo Pérsico y sureste asiático, Vueling y Volotea en el caso de los tripulantes de cabina (TCP), mientras que unos 300 pilotos han encontrado empleo, pero fuera de España. Prácticamente la totalidad de estas recolocaciones se han producido por propia iniciativa de los empleados y no por la ayuda de la comisión que creó al efecto.
El caso de los pasajeros será diferente. De los 300.000 damnificados, 50.000 de ellos han comunicado sus créditos al concurso, aunque finalmente acudirán al mismo cerca de 30.000, ya que algunos pudieron recuperar su dinero al pagar con tarjeta de crédito. El resto tendrá que enfrentarse a un procedimiento que podría ser largo. Por ejemplo, los perjudicados por el cierre de Air Madrid han comenzado a cobrar sus créditos con casi siete años de retraso desde que cerró la compañía aérea.
La administración concursal de Spanair (compuesta por Grupo Gispert Abogados y Economistas y Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios) cuentificó la deuda concursal de Spanair en 508,65 millones de euros en el informe provisional presentado en julio de 2012, una cifra que supera los 474 millones de pasivo declarados por la compañía cuando presentó concurso voluntario de acreedores el 30 de enero. Los activos de la sociedad están valorados en 53.89 millones y los créditos generados desde el inicio del procedimiento alcanzan los 78,81 millones, de los que la partida más importante son las indemnizaciones por despido de personal, una cifra que asciende a 76,20 millones euros.
La idea es que el concurso finalice a mediados de 2013. Ya se han vendido algunos bienes de Spanair y la fase de liquidación podría decretarse en los próximos meses, cuando se decidan las impugnaciones realizadas en el procedimiento.